Sin alivio económico en Venezuela tras el secuestro del petróleo por parte de EE.UU.

CARACAS — Más de un millar de trabajadores, sindicalistas y pensionados que se dirigían al centro de la ciudad fueron bloqueados por agentes policiales antimotines. Al coro de “bono no es salario” se movilizaron el pasado 1 de mayo en Caracas para rechazar el aumento del denominado “ingreso mínimo integral” de 190 a 240 dólares mensuales. Unos metros después, un pequeño grupo de trabajadores, convocados por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST) celebraron el incremento. Por primera vez en 20 años, el gobierno no convocó una gran movilización. En cambio, ofreció un concierto con decenas de cantantes internacionales. 

“La gente está realmente feliz. Están bailando en las calles porque hay mucho dinero entrando a través de las grandes compañías petroleras”, aseguró el presidente de EE.UU., Donald Trump unos días después. Lo dijo en medio del proceso de transición que conduce su administración tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a principios de este año. 

Pero incluso reconocidas encuestadoras de derecha, como Meganálisis, sugieren una creciente desconexión entre las palabras del mandatario estadounidense y el sentimiento interno del país suramericano: del 92% de venezolanos supuestamente agradecidos con EE.UU. en enero, ya solo queda un 47%. El intento de Trump de  mostrarse como el salvador de la economía venezolana no está funcionando — especialmente porque los venezolanos no han visto ninguna mejora desde enero, ni desde que las sanciones de Estados Unidos ayudaron a devastarla.

El salario “no es suficiente”

Rafael Venegas, Jacques Derose e Yrma Rivero tienen edades y niveles de formación distintos; uno es trabajador público, otro privado y ella independiente, pero los tres tienen algo en común: sus ingresos no son suficientes.

Venegas tiene 70 años y 14 de ellos ha trabajado dando clases de pregrado y postgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la institución de educación superior más antigua, grande e importante del país. Sin embargo, su última constancia de trabajo refleja que su salario es el equivalente a 1,37 dólares mensuales. Sobre ese monto se calculan sus aguinaldos, vacaciones y prestaciones sociales. 

A la par, este profesor –que sobrevivió a un accidente cerebrovascular y se hace cargo de su madre de 93 años- percibe, como todos los trabajadores públicos, un “bono de alimentación” de  40 dólares y uno de “guerra económica” de 150 dólares. La explicación es tan simple como compleja: el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares (0,27 dólares) desde hace 4 años. La brecha entre este monto y el ingreso efectivo se cubre mediante bonos pagados en bolívares al tipo de cambio oficial. 

La misma dinámica reina en el sector privado. A 30 kilómetros de la UCV,  Jacques Derose, un joven de 27 años que abandonó la universidad para empezar a trabajar de lunes a viernes de 8 am a 5 pm en una ferretería de La Guaira, percibe – también bajo la modalidad de bonos – 200 dólares mensuales, los cuales pueden extenderse a 230 o 260 si le asignan labores extra como caletero. 

Este obrero, que no tiene hijos, aseguró a Truthdig que sus ingresos se van en comida, pasaje y pagar el alquiler de una habitación (120$). El alquiler de un apartamento en Caracas difícilmente se consigue por debajo de los 250 dólares.

“Por eso mis otros dos hermanos, aunque son mayores, siguen viviendo con mis papás”, dice. 

Mientras tanto, Yrma Rivero se desplaza por toda la ciudad haciendo lo que mejor sabe hacer para ganarse la vida y apoyar a su hijo en sus estudios universitarios: limpiar apartamentos. 

“Él logró ingresar en una universidad pública, pero gastamos mucho en pasajes y comida, sin contar inconvenientes médicos. Ahorita mi hijo tiene sinusitis severa y solamente una resonancia de senos paranasales cuesta 300 dólares”, dice.

Esta mujer de 61 años cobra por cada limpieza profunda entre 30 y 40 dólares, dependiendo del metraje de la propiedad. Ella procura tener como mínimo 4 clientes semanales para producir unos 400 dólares al mes. Esto también evidencia por qué estudiar dejó de ser la meta de los jóvenes: los oficios y/o trabajos informales son mejor remunerados. 

Para subsistir, todos hacen lo mismo: entregarse a los brazos del pluriempleo. Rafael obtiene ingresos adicionales, pero no fijos, corrigiendo libros o dictando talleres; Jacques se rebusca como albañil algunos fines de semana e Yrma a veces plancha o cocina. Para ellos, nadie debería devengar menos de 400$ y una familia de cinco personas requiere al menos 1500$ para vivir. 

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), la canasta alimentaria familiar, que incluye 61 productos básicos esenciales para una familia de cinco miembros, alcanzó los 703,11 dólares en marzo de 2026, un aumento del 7,2% respecto a febrero. A esto debemos sumar: pasajes o gasolina, servicios, alquiler o condominio, medicamentos, ropa, calzado y un largo etcétera.

Miles de trabajadores, especialmente de áreas como la educación, la salud y los servicios públicos, piensan lo mismo y por eso llevan semanas protestando en las calles de Caracas para exigir un sueldo digno. Pero ¿esto es realmente posible? 

“Va a ser difícil tener un salario, no bonos, sino un salario mínimo legal que cubra las necesidades básicas. Pero tampoco hay razones éticas ni económicas para mantenerlo en 0,27 dólares”, manifestó en una entrevista con Truthdig el economista Hermes Pérez.

A su juicio, el salario legal debería superar los 300 dólares, pero eso no es factible ni para el sector público ni para el privado. “No existen los recursos y como el salario está prácticamente cero, llevarlo a ese nivel costaría mucho. Pero al menos a 70 o 100 dólares sí se podría. Además, se estima que este 2026 los ingresos venezolanos crecerán significativamente respecto al año pasado. Nosotros recibimos, solo por ingresos petroleros, 18 mil millones de dólares en 2025 y ese monto puede subir a 33 mil millones”, acota Pérez. Venezuela depende estructuralmente de los ingresos petroleros para financiar el gasto público, incluyendo el pago de salarios de la administración pública y pensiones. A pesar de los intentos de diversificación, el petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas.

No obstante, el experto económico resalta que hay un indicador fundamental que debe atacarse independientemente de a cuánto suba el salario: la inflación. “Venezuela, según el Banco Central, cerró el 2025 con una inflación anual de 465% y en marzo de 2026 va por 650%. Eso es muchísimo. En Colombia, por ejemplo, la inflación está en torno al 5%, y en Latinoamérica, en general, es menor a los dos dígitos. Además, no es el aumento puntual de una cosa o dos, es el aumento generalizado de todo. En este contexto, es muy difícil que un trabajador promedio perciba realmente alguna mejora económica”.

Lo mismo opina el economista Asdrúbal Oliveros, quien cree que la nación entraría en una fase de recuperación del poder adquisitivo, pero “notablemente lenta”, pues primero debe aumentar los ingresos, reducir la inflación de forma sostenida y estabilizar el tipo de cambio.

¿Qué dice el gobierno encargado?

El pasado 8 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció por primera vez sobre los bajos salarios y la precarización de las condiciones laborales en el país. Además, develó que existen más pensionados (5,7 millones) que trabajadores aportantes activos (5,3 millones), lo cual — en un país de 28,6 millones de personas, de las cuales 18,6 millones están en edad laboral — devela la altísima tasa de informalidad que reina en Venezuela. 

No obstante, el 1 de mayo, Rodríguez anunció un aumento de 26% mediante la modalidad de “bonos”. De esta forma, el llamado “ingreso mínimo integral” pasó de 190 a 240 dólares mensuales, a través de un aumento de 50 dólares del bono de guerra económica. Para los pensionados, el bono de guerra pasó de 58 a 70. Además, creó un nuevo bono único de “reconocimiento profesional” dirigido a los sectores de educación, salud y seguridad. 

Organizaciones como la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) rechazaron “la política de sustituir salarios por bonos” que no repercute en la cotización de los trabajadores e “ignora el mérito, la experiencia y la jerarquía”. Al respecto, los trabajadores también exigen que se respeten las tablas salariales y los contratos colectivos. 

La mandataria reconoció que estos 240 dólares son “insuficientes”, pero aseguró que se trata de “un aumento responsable” para mejorar el poder adquisitivo “sin generar un impacto inflacionario desmedido”. Según el Banco Central, la inflación en Venezuela llegó al 130.000% anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021. Precisamente, tras salir de la hiperinflación, el gobierno decidió congelar los salarios e implementar la política de bonos para evitar recaer.

Algunos economistas le atribuyen los altos índices de inflación a la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central para financiar el déficit fiscal. Los sindicatos afirman que la economía no va a colapsar por pagar pasivos laborales. 

“Desde hace 4 años el salario está congelado y los aumentos mediante bonos han sido pírricos. Entonces los trabajadores no hemos participado con nuestro salario ni prestaciones en la configuración de esos índices de inflación. Además, somos millones de empleados públicos, pero las prestaciones sólo las reciben quienes se jubilan, renuncian o son despedidos, es decir, un porcentaje mínimo por año”, asegura a Truthdig el profesor Rafael Venegas.

Para este académico, hoy el gobierno y los empresarios manipulan los números y se dan la mano para intentar reformar la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores (LOTTT)  y eliminar el régimen de prestaciones sociales. 

La LOTTT, aprobada por el presidente Hugo Chávez en el 2012, es considerada un baluarte de los derechos obreros: prohíbe el despido injustificado y la subcontratación, consagra 26 semanas de baja por maternidad, garantiza el derecho al trabajo tanto para las mujeres como para las personas con discapacidad, extiende las pensiones de jubilación a todos los trabajadores, incluidas las madres a tiempo completo y los autónomos.

En efecto, los empresarios ya expusieron ante el Consejo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la necesidad de “reformar” la LOTTT, especialmente el artículo 104, donde se define qué es el salario, y el 122, que establece la base de cálculo de las prestaciones sociales e indemnizaciones. A juicio de los empleadores, el modelo de prestaciones sociales acumuladas, si se aumenta el salario mínimo legal, es estructuralmente impagable.

El cinismo estadounidense

En medio de estos debates, la mandataria venezolana ha asegurado que la situación económica de los trabajadores mejorará “progresivamente” gracias al restablecimiento de las relaciones con EE.UU. y la recuperación de la producción petrolera, la cual –tras la flexibilización de las sanciones- ha superado el 1,2 millón de barriles diarios (bpd).

“En 2025, Venezuela produjo un promedio similar de barriles pero se vendían con 30-35% de descuento para poder evadir las sanciones”, afirma el sociólogo y analista político, Franco Vielma. Estos descuentos petroleros aplicados por Venezuela actuaban como un incentivo económico clave para que compradores privados e intermediarios asumieran el alto riesgo legal y financiero de violar las sanciones impuestas por EE.UU. Además, el precio del barril superó los 126 dólares a finales de abril de 2026, alcanzando su nivel más alto en cuatro años, debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán. 

En efecto, la presidenta aseguró que el último aumento de los ingresos está respaldado por “ingresos provenientes del petróleo y ventas extraordinarias de fuel oil”, aunque los venezolanos aún no sabemos cuántos ingresos estamos recibiendo, dónde son depositados, qué porcentaje está obteniendo EE.UU., en qué se traducen los nuevos acuerdos.

Trump afirmó en enero que EE.UU. controlaría las ventas de petróleo venezolano. En este sentido, explicó que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, los cuales serían analizados por auditores. Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en un nuevo sitio web. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido o al menos no ha sido de acceso público.

Estados Unidos, la nación que hace cuatro meses nos atacó militarmente y, de acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, desde el 2015 nos ha impuesto más de 1.081 sanciones, ha argumentado que el aumento de los ingresos petroleros beneficiará a los venezolanos. El presidente Donald Trump aseguró en enero que Venezuela viviría “un repunte económico sin precedentes”: “Ganará más dinero en seis meses que en los últimos 20 años”.

En esta dirección, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE.UU. ha emitido 14 licencias que permiten el impulso del sector de hidrocarburos así como la posibilidad de hacer transacciones bancarias con Venezuela aunque cada operación requiere la aprobación de la OFAC, están prohibidos los pagos en oro o criptomonedas, no podemos negociar con China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba y tampoco desbloquearán nuestros activos congelados. Crucialmente, todos los ingresos por exportaciones de petróleo y minerales deben depositarse en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro, que luego decide cuándo y cuánto devolverle a Venezuela de sus propios recursos. 

Aunque la prensa internacional habla del “levantamiento de las sanciones”, las licencias otorgadas por EE.UU. a Venezuela son solo permisos condicionados y temporales que permiten algunas operaciones petroleras y bancarias. Sin embargo, persisten las órdenes ejecutivas que bloquean activos del estado y controlan o supervisan operaciones de la empresa estatal de petróleo, PDVSA, lo que limita la seguridad jurídica para inversiones a largo plazo.

De esta forma, el presidente estadounidense se convirtió en el ladrón que te roba todo pero, tiempo después, te devuelve un poquito de lo hurtado y espera que se lo agradezcas. Más allá del “agradecimiento”,  muchos venezolanos sí pensaron que la situación económica mejoraría tras el 3 de enero. De hecho, algunas encuestadoras aseguraron que entre el 70% y el 80% de la población tenía “esperanzas en el futuro”. 

Hoy, de acuerdo con una reciente encuesta de AtlasIntel, 77% de los venezolanos califican la situación económica actual como “mala” y 76% mantienen una opinión negativa sobre el estado del mercado laboral. Para Datanálisis, también reina la desesperación económica: 55% de los consultados identifica la inflación y los bajos salarios como su principal problema. Le siguen la devaluación y las fallas en el sistema eléctrico.

De hecho, esta afirma asegura que el 65% de la población está de acuerdo en que la prioridad de Venezuela debe ser resolver la crisis económica por encima de cualquier transformación política o proceso electoral.

Sin embargo, el 12 de mayo, Trump insinuó que, más allá de la intervención actual, también está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EE. UU. y compartió un mapa del país con una bandera estadounidense. Broma, amenaza o un reflejo de cómo Trump ya ve a Venezuela: los venezolanos tienen mucho de qué preocuparse.