Personas mayores deportadas de Estados Unidos quedan atrapadas en México sin recursos ni identidad

VILLAHERMOSA – A los 83 años, Miguel pensó que ya no tendría que empezar de nuevo. Después de nacer en Cuba, había vivido décadas en Estados Unidos. Había trabajado, envejecido allá. Pero fue deportado y ahora duerme en una cama prestada en un albergue de Villahermosa, Tabasco, cerca de la frontera sur de México. No tiene documentos. No tiene dinero. No tiene país. Pidió que no usemos su nombre completo por temor a represalias y el posible impacto en su trámite para una visa.

El 25 de marzo, el gobierno de Trump informó ante un tribunal federal que ha deportado a unos 6.000 cubanos a México en virtud de un acuerdo “no escrito” mediante el cual México se comprometió a recibirlos. Desde entonces, Villahermosa ha recibido un flujo constante de personas de terceros países, en su mayoría de Haití y Cuba, que son adultos mayores o se encuentran en situación de vulnerabilidad médica. No tenían ningún vínculo con México y hoy, con entre 60 y 90 años, llegan a Villahermosa sin documentos, sin teléfonos, sin nadie que los espere. Enfermos y sin recursos, quedan varados en un limbo migratorio: demasiado viejos para empezar de nuevo, demasiado invisibles para que alguien responda por ellos.

Miguel recuerda fragmentos de su detención en octubre de 2025. El encierro en Alligator Alcatraz en Ochoope, Florida. Las literas. La malla metálica que separaba a unos de otros como si fueran animales enjaulados. 

“Era como una pollera”, cuenta a Truthdig. El lugar, dice, estaba rodeado de pantanos. “De cocodrilos”, añade. 

Luego el traslado. Varios vuelos. Paradas que no reconoce. Quizá Luisiana. Quizá otro lugar. No lo sabe.  

“Nada más miraba por la ventana”, dice. Sin entender hacia dónde lo llevaban. Hasta que llegó a México.

No sabe exactamente cuánto tiempo lleva aquí. Diez días, tal vez doce. Lo tiene anotado en algún lado. Como si escribir la fecha fuera una forma de fijar algo en medio de la desorientación.

“Cuando tú sales, no tienes nada”, dice. “Ni teléfono, ni contacto con la familia, ni forma de recuperar lo que dejaste”.

“Yo allá tenía de todo”, dice. Su vida, como la de muchas personas, estaba hecha de pequeñas certezas: una cama propia, una cocina conocida, vecinos que sabían su nombre.

No puede volver a Cuba, dice, pero en México, oficialmente, Miguel no existe. Sin documentos ni identificación, él y los otros migrantes deportados quedan fuera del sistema: no pueden acceder a atención médica, a un ingreso formal ni a los mecanismos más básicos de protección. Muchos inician el proceso de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero ese trámite —que en teoría debería resolverse en semanas— puede tardar meses o incluso más de un año. Mientras esperan, quedan atrapados en un vacío legal: sin acceso efectivo a derechos, con solicitudes que a menudo son rechazadas y sin otra vía para regularizar su situación.

“Ante la autoridad mexicana no son nadie”, cuenta Josué Martínez Leal a Truthdig. Es subcoordinador del albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo, mejor conocido como Amparito, en Villahermosa, Tabasco, donde ahora viven algunos de los deportados.

No puede volver a Cuba, dice. Pero en México, oficialmente, Miguel no existe. Sin documentos ni identificación, él y los otros migrantes deportados quedan fuera del sistema: no pueden acceder a atención médica, a un ingreso formal ni a los mecanismos más básicos de protección. Muchos inician el proceso de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero ese trámite —que en teoría debería resolverse en semanas— puede tardar meses o incluso más de un año. Mientras esperan, quedan atrapados en un vacío legal: sin acceso efectivo a derechos, con solicitudes que a menudo son rechazadas y sin otra vía para regularizar su situación.

“Ante la autoridad mexicana no son nadie”, cuenta Josué Martínez Leal a Truthdig. Es subcoordinador del albergue “Oasis de Paz del Espíritu Santo” mejor conocido como Amparito, en Villahermosa Tabasco, donde ahora viven algunos de los deportados.

México no es un país seguro para los migrantes

Durante la actual administración de Donald Trump, Estados Unidos endureció su política migratoria con el cierre de facto de la frontera y la expansión de expulsiones aceleradas. En marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, esa lógica se había formalizado con el Título 42, una medida que permitió deportaciones inmediatas sin acceso al asilo. Aunque el Título 42 fue levantado en 2023, la política de expulsiones ha continuado bajo distintos mecanismos. Fue a partir de 2020 que México consintió aceptar personas deportadas de EE. UU., quienes originalmente son de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 

Entre mayo y noviembre de 2023, México recibió al menos 19.561 personas no mexicanas expulsadas de Estados Unidos; en 2025, al menos 12.983 más. El gobierno mexicano niega la existencia de un acuerdo formal de “tercer país seguro”; estas deportaciones operan sin un marco legal claro ni lineamientos transparentes. 

El trato, además, difiere según la nacionalidad: mientras las personas mexicanas deportadas acceden a programas como “México te Abraza”, con apoyos económicos y servicios, las no mexicanas quedan fuera del sistema. Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) han documentado que México no es un país seguro porque es peligroso para las personas migrantes y solicitantes de asilo, quienes enfrentan los riesgos del crimen organizado como el secuestro y el asesinato, y las extorsiones, robos y abusos de las autoridades.

Durante décadas, Villahermosa no figuró en las rutas migratorias, explica Martínez Leal. “Eso cambió en 2019, cuando México endureció su política migratoria bajo la presión de Estados Unidos y comenzó a contener a las personas en su propio territorio. Con más detenciones y traslados, las personas dejaron de avanzar hacia el norte y empezaron a quedarse aquí”. Hace una pausa. “Se volvió una ciudad destino dentro de un circuito impuesto”.

El albergue donde hoy viven estos hombres no fue pensado para migrantes. Fue creado en 2006, después de que su fundador, José de la Cruz Vidal Guzmán, perdiera a su esposa en un accidente. Días después, al salir de un hospital, vio a una persona realizándose diálisis sobre una alcantarilla. Decidió construir un espacio para quienes no tenían dónde estar. Durante años han recibido a pacientes y familiares del Hospital Regional Dr. Juan Graham Casasús.

Con el aumento del flujo migratorio, el albergue se transformó. Se integró personal médico en psicología, trabajo social y asesoría legal, en colaboración con organizaciones humanitarias.

“La idea era generar un espacio de atención psicosocial para acompañar a las personas en su tránsito por México”, dice Martínez Leal.

“En 2024 atendimos a más de seis mil personas. En 2025 solo mil trescientas”, dice Martínez Leal.

Menos personas. Más complejidad. “Empezaron a llegar hombres mayores deportados. Enfermos. Solos”, dice.

“Quedan atrapados desde el inicio”, dice Martínez Leal. “Para tener acceso a derechos, necesitan documentos, pero para obtener documentos, primero tienen que existir legalmente. El problema es que ese proceso tarda meses, a veces años. Mientras tanto, no pueden trabajar, no pueden acceder a servicios de salud de forma regular, no pueden rentar. En los hechos, no existen para el sistema”.

Dormir en una gasolinera

Ángel Inzúa Moré tenía 18 años cuando llegó a Estados Unidos en 1980. Una organización de la Iglesia católica le pagó los estudios y aprendió computación. Trabajó durante décadas.

En los años ochenta fue arrestado. Asegura que intentaba separar una pelea. Lo sentenciaron a seis años y siete meses en prisión pero por buen comportamiento, estuvo preso 6 meses. Y afirma que ese hecho lo ha seguido por el resto de su vida. 

Nunca formó familia. “¿Para qué, si me iban a deportar?”, pregunta Inzúa Moré. A pesar de que regularizó su estancia, la sentencia o los antecedentes siempre lo hicieron sentir inseguro.

En abril del año pasado lo detuvieron por beber en la vía pública. Tres días después, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo esperaba. Lo retuvieron durante meses. Le quitaron dinero, pertenencias, documentos. Perdió incluso la oportunidad de operarse la vista por glaucoma y cada día está peor, dice.

Estados Unidos intentó deportarlo a Cuba. “Yo tenía una orden de deportación, pero para Cuba, no para México. Cuba no me la aceptó”, dice Inzúa Moré. Las autoridades cubanas aceptan algunas deportaciones, pero no todas: solo admiten ciertos casos bajo acuerdos bilaterales.

Fue deportado a México en septiembre de 2025. Hoy duerme en una gasolinera, detrás de unos arbustos, sobre una caja de cartón. Por las mañanas regresa al albergue y toma café. En la calle se va encontrando con otros cubanos en la misma circunstancia y conversan, fuman, se acompañan.

Uno de ellos es Alberto Rodríguez González, cubano; de 73 años. Llegó a Estados Unidos siendo joven y trabajó durante décadas en oficios como la carpintería y la construcción. Con el tiempo, su cuerpo dejó de responder: sufrió un accidente cerebrovascular y perdió la memoria. Habla con dificultad. Dice que entonces el gobierno estadounidense le retiró todo: el seguro social, el Medicare, su pensión. 

“Yo pienso que fue por el ataque que me dio; fue muy fuerte. Parece que estaba caro; las máquinas que me pusieron estaban muy caras … Me quedé sin nada”, dijo Rodríguez González. No lo detuvieron en una redada, cuenta. Fue él quien acudió a migración a reclamar. “Les dije: ustedes me quitaron todo, ¿qué voy a hacer?”. 

La respuesta fue deportarlo a México, más o menos en noviembre de 2025, aunque por su derrame cerebral no sabe la fecha precisa. Rodríguez González cree que lo descartaron, que al enfermar dejó de ser útil. Llegó a México desorientado, sin tratamiento y sin documentos. 

“Yo perdí la mente, perdí la memoria y me quedé hecho una mierda”, dice Rodríguez González.

Hoy también duerme en la calle y depende de brigadas médicas intermitentes de organizaciones internacionales no gubernamentales como Médicos del Mundo. Perdió también el contacto con su familia: tras el derrame, olvidó los números y su teléfono, donde guardaba todo. Desapareció en el proceso migratorio. Solo recuerda el nombre de su hija. 

A veces, dice, siente que puede hacer daño a otros. Fue a la policía a pedir que lo detuvieran. No lo hicieron. 

“Aquí no hay nada”, dice. 

Roy, que tiene 67 años, sí tiene donde dormir – pero eso es todo. Prefiere no dar su nombre completo. Llegó a Estados Unidos a los 20, después de desertar del ejército cubano tras regresar de la guerra en Angola. En Estados Unidos recibió asilo. Trabajó durante 44 años en la misma empresa.

“Me iba bien”, dice Roy a Truthdig. Dice que se retiró y compró propiedades. 

El día de su cumpleaños, 3 de agosto de 2025, agentes de migración rodearon su casa. Un helicóptero sobrevolaba. Varios agentes armados lo tiraron al suelo.

“Como si fuera un terrorista”, dice. 

Fue detenido durante ocho meses. Ignoraron su asilo en el país y le dieron una opción: quedarse preso en Estados Unidos o irse a México. Eligió salir.

“Mejor estar libre aquí que seguir preso allá”, dice Roy.

Al llegar, lo soltaron sin apoyo. “Ahí está la puerta, váyase”, recuerda. Caminó sin dinero hasta encontrar un albergue. En el camino, asegura, también fue víctima de un robo. “Allá y acá roban igual”, dice.

Hoy vive en Villahermosa. Cree que está a punto de lograr su residencia en México. Trabaja en una chatarrera. Renta un cuarto.

“Por lo menos ya no estoy en la calle”, dice. A su edad, asegura, ya no puede vivir en esas condiciones. Tampoco, como la mayoría, tiene acceso a su retiro, que, según cuenta, fue bloqueado en Estados Unidos. 

 “Uno llega a pensar: ¿para qué vivir?”, dice.

Ricardo del Pino llegó el año pasado, deportado desde Las Vegas y también enfermo. Una hernia discal. Un cáncer de páncreas que nadie había diagnosticado. Tenía 67 años. 

En Villahermosa, su salud empeoró rápidamente. Necesitaba atención médica. Pero no tenía documentos. El personal del albergue logró que fuera ingresado al hospital pese a todo y murió ahí 18 días después, relata Martínez Leal.

El albergue pagó su cremación. Sin papeles no pudieron registrar su nacionalidad en el acta de defunción. Sus cenizas siguen ahí en la capilla del albergue, acompañadas de otros restos de personas que han transitado estos caminos.

Las deportaciones violan derechos humanos

Luis René Lemus Rivera quiere volver a Cuba. Tiene 60 años. Llegó a Estados Unidos en 1998. Nunca logró regularizar su estatus. Vivió más de dos décadas con una orden de deportación. Durante años, distintos gobiernos lo dejaron permanecer en Estados Unidos. Trabajó en lo que pudo, casi siempre en la informalidad.

Hasta que un día fue a migración a firmar (algo que contó que tenía que hacer cada año) y no salió. Lo deportaron a México. Sin explicaciones claras.

Lemus Rivera pasó 28 años en Estados Unidos, pero al final, no tenía nada. Ni papeles, ni estabilidad, ni futuro claro.

Llegó a Villahermosa hace poco más de un mes. Lo encontraron en la calle, desorientado. Dice que perdió la mente. Fue hospitalizado y después lo trasladaron al albergue.

Tiene esquizofrenia y párkinson. Depende de la medicación y de las visitas irregulares de brigadas médicas como Médicos del Mundo.

“No sé hasta cuándo me van a poder tener aquí”, dice del albergue, donde “hay gente que lleva casi un año esperando (visas)”. 

De octubre de 2024 a junio de 2025, México sólo otorgó asilo a 3% de los migrantes que lo solicitaron, dando 5.191 tarjetas por razones humanitarias, de las más de 140 mil peticiones. México se posicionó así entre los cinco países con más peticiones de asilo a nivel mundial (en 2023), mientras que COMAR opera con recursos insuficientes para garantizar atención efectiva.

Cuando Estados Unidos deporta a personas mayores y médicamente vulnerables a México, lo hace a sabiendas de que serán enviadas a condiciones de aislamiento, abandono y desesperación, lo que infringe sus obligaciones internacionales bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura (CAT). Desplazar a personas con afecciones crónicas a un país donde no pueden acceder a atención médica, medicación o vivienda estable les expone a un deterioro grave, rápido e irreversible de su salud, generando sufrimiento intenso y una reducción significativa de la esperanza de vida.

Alrededor de 30 hombres mayores viven en las calles cercanas al hospital y al albergue de Villahermosa. Duermen en la banqueta. Trabajan en lo que pueden. Comen cuando alguien les da algo. Se paran en las puertas de las tiendas de conveniencia para abrir y cerrar puertas. Algunos cavan hoyos para resguardarse; otros mueren.

“Unas 15 personas han muerto en el último año”, dice Martínez Leal.

Lo que ocurre en Villahermosa es el resultado de una política intencionada. Apenas el lunes 16 de marzo, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió temporalmente que el gobierno reactivara una política de Trump que deporta rápidamente a migrantes a un tercer país. Antes, un juez había bloqueado esta política porque ponía a las personas en riesgo sin darles una oportunidad real de defenderse. 

A esto se suma un debilitamiento progresivo de las organizaciones que sostienen la respuesta humanitaria en México. Recortes presupuestales y cambios en el financiamiento internacional han reducido su capacidad operativa. Algunos albergues dependen de fondos de agencias como ACNUR o de programas financiados por Estados Unidos, que han sufrido ajustes presupuestarios. El resultado es una red de apoyo cada vez más frágil, dice Martínez Leal.

En los alrededores del hospital, los hombres caminan despacio. Se reconocen. Se llaman por su nombre. La memoria es lo único que conservan. Todo lo demás: los documentos, la patria, la familia, la posibilidad de volver se perdió en el trayecto.

Aquí, donde nadie los reclama y donde incluso la muerte puede quedar sin registro, lo único que queda es resistir.

Un día más. Sin papeles, sin país. Esperando no desaparecer antes de tiempo.