El borrado de la vida indígena mexicana por el narcotráfico

A principios de mayo, un grupo armado de unos 2000 hombres atacó comunidades nahuas en Guerrero. Dispararon contra los residentes, usaron drones para bombardear sus viviendas y luego prendieron fuego a cultivos y edificios comunitarios. En total, atacaron cuatro comunidades: Acahuehuetán, Alcozacán, Tula y Xicotlán, con el saldo de que las dos últimas han quedado completamente abandonadas.

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La ofensiva por parte del crimen organizado sigue en junio en otras partes del país, entre ellas, Michoacán y Chiapas. En la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, hubo ataques violentos y la incursión de un grupo de aproximadamente 50 sicarios, que se proclaman integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La meta de los grupos de crimen organizado es expandir su control territorial, especialmente en regiones donde hay minas, recursos naturales y rutas del narcotráfico.

Uno de ellos, Los Ardillos, busca expandirse en Guerrero, un estado que alberga varios yacimientos valiosos de oro, litio y abundantes reservas de agua dulce. También es punto de paso de rutas clave para el narcotráfico, y las comunidades indígenas organizadas son vistas como un obstáculo para ello. Como Los Ardillos han actuado con impunidad gracias a autoridades locales y estatales corruptas, los pueblos nahuas de la región han organizado policías comunitarias para su autodefensa, las cuales son elegidas por la propia comunidad.

Aunque los grupos del crimen organizado suelen buscar controlar a las comunidades mediante la cooptación, financiando festivales y proporcionando camiones y suministros, tienen poca paciencia con los pueblos que se les resisten. Desde su formación a principios de los años 2000, Los Ardillos se han diversificado: pasaron de enfocarse en el opio a la extorsión, el control y los impuestos al transporte y al robo de animales de granja.